Caso Masacre El Mozote llega a Corte Interamericana
Este 25 de marzo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos decidió pasar el caso de la Masacre El Mozote a la Corte IDH, debido a la falta de respuesta del Estado
SAN SALVADOR – En la tarde del 10 de diciembre de 1981 llegaron al caserío El Mozote, departamento de Morazán, unidades del Batallón de infantería de Reacción Inmediata (BIRI) Atlacatl, después de haber tenido un encuentro con guerrilleros en las cercanías, inicia narrando los hechos el Informe de la Comisión de la Verdad, emitido en 1993.
Y continúa: “Durante la mañana del 11 de diciembre de 1981 procedieron, en diversos sitios, a interrogar, torturar y ejecutar a los hombres. Alrededor del medio día fueron sacando por grupos a las mujeres, separándolas de sus hijos, y ametrallándolas”.
“Finalmente dieron muerte a los niños. Un grupo de niños que había sido encerrado en el convento fue ametrallado a través de las ventanas. Después de haber exterminado a toda la población, los soldados prendieron fuego a las edificaciones”, narra el informe, que también señala que en los días posteriores los militares siguieron masacrando a la población civil de lugares aledaños a El Mozote.
En el hecho dantesco, que duró del 11 al 13 de diciembre de 1981, pereció un millar de personas, según señala la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (IDH).
Esta masacre es considera como una de las más grandes que se cometieron durante el conflicto armado en este país (1980-1992), pero al igual que muchos crímenes ejecutados durante la guerra, continúa en la impunidad.
Los familiares y víctimas de esta masacre iniciaron un largo camino por hacer justicia en el país. Sin embargo, su petición nunca fue atendida, por lo que decidieron llevar el caso hasta la Comisión IDH.
El 30 de octubre de 1990, Tutela Legal del Arzobispado de San Salvador, junto al Centro por la Justicia y el Derecho a la Información(CEJIL), interpusieron la demanda ante la Comisión.Desde entonces, después de un largo proceso hasta este 25 de marzo de 2011, la Comisión decidió pasar el caso a la Corte (IDH), cuyos fallos son vinculantes, debido a la falta de respuesta del Estado salvadoreño, decisión que ha sido bien recibida por los defensores de los derechos humanos.
“Para nosotros es un éxito y esperamos las reparaciones que establezca la Corte Interamericana para de alguna manera resarcir los daños causados a la población civil de El Mozote y otros sitios aledaños que fueron víctimas de está masacre”, dijo a ContraPunto Wilfredo Medrano, abogado de Tutela Legal, y quien lleva el caso de la masacre.
“Es una de las violaciones de lesa humanidad de más envergadura dentro del país por la cantidad de víctimas que dejó. Es importante el hecho de que este organismo retome el caso, ya que es de las pocas instancias que sus resoluciones es de carácter vinculante”, consideró, Ana Julia Escalante, subdirectora de la Comisión de Derechos Humanos de El Salvador (CDHES).
Por su parte, el director del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (IDHUCA), Benjamín Cuéllar, ve este ascenso del caso como “una excelente oportunidad para que el jefe de Estado -Mauricio Funes- sea coherente con eso que se proclama hacia fuera”.
Eso lo dijo en referencia a que el Estado salvadoreño propuso a Naciones Unidas la celebración del día del Derecho a la Verdaden Relación con las Violaciones Graves de los Derechos Humanos y para la Dignidad de las Víctimas en el marco del aniversario de la muerte de Monseñor Oscar Arnulfo Romero, asesinado el 24 de marzo de 1980, “cuando en el país no se hace justicia”, indicó Cuéllar.
Asimismo, hizo referencia a que El Salvador ya tiene dos condenas emitidas por la Corte Interamericana, una por la desaparición forzada de las hermanas Serrano Cruz, en 1982; y otra por el asesinato de Ramón García Prieto, en 1994, en las cuales el gobierno no ha cumplido con la esencia de las sentencias, "investigar y condenar a los culpables”.
"Por eso está es su oportunidad de oro para pasar del discurso al hecho”, sentenció.
ContraPunto intentó conocer la posición del gobierno sobre el caso de la masacre, pero en el Ministerio de Relaciones Exteriores dijeron que las únicas personas que podían pronunciarse, el canciller Hugo Martínez, y el director de Derechos Humanos de Cancillería, David Morales, están fuera del país.
Es necesario derogar Ley de Amnistía
El presidente Funes, ha pedido perdón en varias ocasiones a los familiares y víctimas del conflicto armado. Pero los defensores de los derechos humados coincidieron en que la mejor manera de demostrar ese cambio, para que se esclarezcan estos hechos, es derogar la Ley de Amnistía, porque impide que se juzguen todos los crímenes de lesa humanidad ocurridos durante el conflicto interno.
Esta norma fue emitida en 1993. Ni durante los gobiernos del partido derechista Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), ni en esta gestión del primer gobierno de corte izquierdista, en manos del Frente Farabundo Martí para la Liberación nacional (FMLN), han querido derogarla.
Wilfredo Medrano dijo a ContraPunto que esperan que con el caso de El Mozote la Corte IDH exija de nuevo al gobierno que se derogue la Ley de Amnistía, "porque consideramos que ese es el punto más complejo que tiene el gobierno”.
La masacre de El Mozote “son crímenes de lesa humanidad que se han cometido que no pueden quedar en la impunidad en este país, como el caso de Monseñor Romero, y otros casos que realmente la Ley de Amnistía viene hacer una grave obstáculo para el desarrollo y el avance democrático de este país”, sentenció.
También Escalante de la CDHES considera que se debe derogar. “Esta ley en lugar de haber sanado heridas, las ha abierto y las ha dejado más latentes. Es una ley que impide un verdadero proceso un avance en el tema de justicia”, agregó.
Por su parte Cuéllar rechazó los argumentos que en repetidas ocasiones ha dado el gobierno actual para no derogar la ley. Funes ha dicho que no le corresponde a él derogarla sino a la Asamblea Legislativa.“Eso no es así, es una manipulación de las cosas, porque el presidente de la República tiene iniciativa de ley”, indicó Cuellar.
“Así como cabildeó y logró que Naciones Unidas nominará el día del asesinato de Monseñor Romero como el Día del Derecho a la Verdad, podría también presentar esa iniciativa de ley para que se derogue la Ley de Amnistía o se ajuste a los estándares internacionales de derechos humanos”.
“Eso significa sacar de esa ley los crímenes de guerra, los crímenes contra la humanidad y las graves violaciones de derechos humanos y eso le quitaría ese pretexto a la Fiscalía”, dijo Cuéllar en referencia a que la Fiscalía General de la República suele utilizar esta ley como pretexto para no investigar los crímenes de la guerra.
También fue más allá y dijo que para él tampoco vale el argumento de que la Corte Suprema de Justicia en el año 2000 plateó que habían excepciones en ley y que el juez podía decidir en cada caso si la aplicaba o no.
“Es que no es solo el tema jurídico, sino que también lo que la gente sencilla, las víctimas anónimas, tienen metido en la mente; que la amnistía, al seguir existiendo sigue protegiendo a los criminales y eso además les produce miedo, temor”, concluyó.
La misma Comisión IDH, al presentar el caso de la masacre de El Mozote ante la Corte IDHdetalló que debido a la vigencia de la Ley de Amnistía, así como a reiteradas omisiones por parte del Estado salvadoreño, estos graves hechos permanecen en la impunidad. En la impunidad está el asesinato de Monseñor Romero y el de los padres Jesuitas, en 1989, entre otros.
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